Hace algunos meses nos
referíamos a la necesidad inaplazable de establecer Códigos de Conducta en las
empresas públicas y privadas de Colombia.
Conocidos los detalles
del caso Odebrecht a través de los medios de comunicación y las declaraciones
de diversos implicados y testigos, se reitera la urgencia de fijar estos
protocolos, pues todo lo divulgado nos reitera que en este país perdimos el
norte y no sabemos cómo comportarnos frente al manejo de los bienes públicos.
Candidatos y allegados
buscando financiación de sus campañas con empresas privadas extranjeras, dizque
sin saber quién paga ni sus pasajes en primera clase ni la estadía en hoteles de
varias estrellas y sin enterarse quienes son sus aportantes. Esas empresas,
siguiendo el ejemplo de sus socios nacionales, buscando acercamiento con el
gobierno de turno mediante la financiación de sus campañas o sobornando a todo
aquel que se les atraviese para garantizar el florecimiento de sus negocios
durante su mandato, en lugar de ejercer el mecenazgo y financiar proyectos
comunitarios o de ciencia, tecnología, educación, cultura, o los museos de
memoria, por ejemplo, con escasa financiación estatal y esos si que trascienden
los gobiernos.
Funcionarios públicos
que en reuniones privadas en sus oficinas, en sus apartamentos, en eventos
sociales, dan información sobre licitaciones y negocios en curso a virtuales
oferentes o contratistas privilegiados, y congresistas e intermediarios
gestionando negocios de particulares ante las entidades del Estado, como si
aquellos no fueran elegidos para legislar en favor de todo los ciudadanos y
para hacer primar el interés general sobre el particular.
Servidores públicos
que no saben qué hacer con regalos y atenciones provenientes de partes
interesadas en los negocios públicos que gestionan, muy respetuosos con el
oferente de la dádiva y sin rechazarlos de manera contundente “pues de pronto
se delican”, y sin tener claridad y conciencia, como es su obligación por el
cargo que ocupan, que estas son calificadas
globalmente como prácticas de corrupción, y como si los colombianos no hubiéramos tenido
suficiente con el anillo que la “Monita Retrechera” le obsequiara a la señora “Jacquin”
y la cartera y botines que Giorgio Sale les regalara al entonces magistrado
José Alfredo Escobar y a su esposa.
Las leyes existen, las
prohibiciones están, pero todos se hacen los de la vista gorda para violarlas,
pues en su arribismo, solo importan la fortuna y el éxito.
Con el mundo al revés frente
a nuestras narices, se hace menester que en la sociedad hagamos conciencia de
la ilicitud de estas prácticas y las condenemos; y que las entidades estatales fijen
los Códigos de Conducta que prohíban de manera clara e irrefutable, al menos
estas 4:
- Política de atenciones y regalos: los servidores públicos no pueden recibir regalos, ni atenciones de ninguna naturaleza y así se lo debe tener claro la ciudadanía. Si se presenta el caso, las atenciones y regalos se deben rechazar de manera contundente y sin rodeos. Si por alguna razón fuera imposible negarse a recibir el regalo, debe existir un protocolo para revelar la situación y entregar el regalo a quien la entidad determine en sus reglamentos.
- Prohibición para los servidores públicos, cualquiera sea su cargo (incluido Director/Gerente/Presidente) de hablar o dar información sobre licitaciones o negocios en curso en reuniones privadas con particulares interesados. De estos negocios solo debe hablar el funcionario competente, en los espacios y canales establecidos para ello (preferible en audiencias públicas) en igualdad de condiciones para todos los interesados, participantes, oferentes, o contratistas.
- Las entidades estatales y las sociedades en las cuales el Estado tenga participación deben reglamentar espacios para que los particulares les ofrezcan bienes y servicios, indicando oficinas y horarios de atención, y en las audiencias o reuniones tener control de asistentes y actas de registro de lo ocurrido.
- Y lo más urgente, que los servidores públicos, cualquiera sea su cargo (incluido Director/Gerente/Presidente) tengan claro que a los congresistas les está prohibido gestionar ante las entidades estatales y las sociedades en las cuales el Estado tenga participación, negocios de particulares. Es decir, les está prohibido presentar hojas de vida o recomendaciones de eventuales proponentes o contratistas para prestar servicios u ofrecer sus bienes a la respectiva entidad.
Si los colombianos no
exigimos y no presionamos como sociedad para que todos observemos estas reglas
mínimas para el manejo de los bienes públicos, somos definitivamente un país
inviable.
Margarita Obregón